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A la par de los artilugios jurídicos a los que pueden recurrir tanto los Estados como los propios individuos reclamados para conseguir o evitar la extradición, existen prácticas extrajurídicas ampliamente utilizadas por los gobiernos para allegarse de manera rápida de los individuos reclamados; tales prácticas son la entrega informal y el secuestro transfronterizo. En el primer caso, los Estados acuerdan la entrega o intercambio de delincuentes al margen del ordenamiento jurídico aplicable.

La falta de tratados de extradición puede dificultar la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que los delincuentes pueden huir a países que no tienen tratados de extradición con los países que los buscan.

Mientras que son pasivas las solicitudes que recibe nuestro país de parte de gobiernos extranjeros, en virtud de encontrarse un prófugo de la justicia de dicho Estado en nuestro país.

Dicho instrumento jurídico deberá tomar en cuenta las contribuciones de las Convención de Montevideo de 1933, y superar el fracaso de la Convención de Caracas de 1981. La adopción de una nueva convención de extradición implica un arduo proceso de negociación y trabajo que debe ser promovido por uno o varios Estados con capacidad de liderazgo en la región. De acuerdo, con la autora, México debe recuperar su papel de liderazgo y prestigio internacionales en la OEA y otros foros mundiales, a fin de impulsar la creación de normas uniformes en materia de extradición en el continente americano.

En segundo lugar, se realiza un amplio recuento histórico de las conferencias y convenciones internacionales en materia de extradición o relacionadas con el tema, celebradas durante los siglos XIX y XX, tanto a nivel mundial como a nivel regional, resaltando los esfuerzos realizados en el continente americano para lograr la sistematización de las normas que regulan el procedimiento de extradición.

En el caso de que se solicite la extradición de un mexicano, es importante que se cumplan los requisitos establecidos en la Constitución mexicana, que establece que ningún mexicano podrá ser entregado a un país extranjero para ser juzgado por delitos políticos o militares.

Por otro lado, analiza la forma en que México ha asimilado en su derecho interno dicho mecanismo de cooperación y las contribuciones mexicanas al desarrollo, consolidación y creación de normas uniformes de extradición en el ámbito regional latinoamericano. A lo largo de toda la obra, la autora se vale del derecho comparado para estudiar y confrontar las diferentes tradiciones jurídicas en materia de extradición imperantes en los países latinoamericanos y España, con el objetivo de rescatar todas aquellas similitudes que puedan coadyuvar a la creación de las ya mencionadas normas uniformes.

Estas Source leyes establecen los procedimientos y los requisitos para solicitar la extradición de una persona y para decidir si se concede o no.

Por otro lado, las izquierdas son alérgicas al tema de “ley y orden” dado que fueron víctimas de policías y militares y con ello tienden a reducir importancia a la represión y ven la droga como un problema que no es suyo.

Coincidimos con la autora, en que la vía más idónea que tienen los Estados para lograr el efectivo ejercicio de su facultad y deber de castigar a los responsables de haber delinquido en su territorio, pero que han logrado evadir a la justicia nearby, es mediante la intervención de la figura de la navigate here extradición como Extradición México Países Bajos forma solidaria y cooperativa de la lucha internacional por evitar la impunidad del crimen.

R: No, México no extradita a personas que ya han sido juzgadas y condenadas por el mismo delito en México.

Lo que inicialmente fue un gran éxito de la policía española se ha convertido en un fiasco por culpa de un desajuste judicial. Karim Bouyakhrichan, alias Taxi, considerado uno de los principales capos de la Mocro Maffia y, por ello, uno de los delincuentes más buscados por las autoridades de Países Bajos, está en paradero desconocido después de que fuera excarcelado tras una supuesta descoordinación entre la Audiencia Provincial de Málaga ―que ordenó su puesta en libertad menos de mes y medio después de que ingresara en prisión por blanqueo de capitales en España― y la Audiencia Nacional ―que tramitaba la extradición que habían solicitado las autoridades del país europeo―, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado EL PAÍS en fuentes policiales y judiciales.

Además, es necesario que exista una orden de aprehensión o una sentencia condenatoria en firme en el país solicitante. También es importante que se presente la documentación necesaria que acredite la identidad de la persona a extraditar y los delitos por los que se le acusa.

Este recurso puede presentarse en dos momentos: cuando el juez esté por analizar la solicitud de extradición o cuando la SRE comunique al país solicitante que está de acuerdo con su petición.

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